Abstract

En los últimos años en Chile, se han materializado amenazas naturales con mayor frecuencia e intensidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños; entre ellas destacan, los eventos eruptivos de Chaitén (2008), Cordón Caulle (2011) y Villarrica (2015); los terremotos tsunamigénicos del Maule (2010), Pisagua (2014) e Illapel (2015); el evento hidrometeorológico de Atacama (2015) que generó 28 muertos, numerosos desaparecidos y grandes inundaciones en zonas desérticas; y los más recientes eventos de marejadas en la costa de Chile Central (2015) hasta ahora menos reconocidas como amenazas naturales recurrentes.
Frente a este contexto, una urgente necesidad de mejorar la institucionalidad y los instrumentos legales orientados a reducir el riesgo de desastres se visualiza como una tarea prioritaria. En Chile, esta situación se ha visto limitada debido a la existencia de una estructura gubernamental centralizada, que entrega poca autonomía a la región y a las ciudades o localidades distantes del gobierno central. Entendida la descentralización como un proceso de políticas públicas en el que en su conjunto se traspasan responsabilidades, recursos o autoridad desde el gobierno central a los subnacionales dotados de autonomía (Falleti, 2005; Rodden, 2004), en la actualidad una gran parte del país carece de esta autonomía, en términos de recursos y normativas efectivas. Esto genera que los procesos de reconstrucción se realicen de manera aislada con respecto a los contextos locales de identidad territorial y cohesión social, ambos ligados estrechamente a la resiliencia social.
Por otro lado, las políticas públicas orientadas a reducir el riesgo se encuentran poco fortalecidas y articuladas a los instrumentos de planificación territorial (IPT), lo que causa un debilitamiento en su rol preventivo. No obstante, actualmente se visualiza una mayor voluntad política de cambio para avanzar en mecanismos de articulación hacia la gobernanza en el contexto de los riesgos naturales. En este capítulo, se discute la situación actual de la gestión del riesgo en Chile, su relación con el contexto internacional, el rol de las políticas públicas y las condicionantes que involucra una estructura administrativa centralizada.

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