Asma crónico. Abuelas, madres e hijas con cáncer de mamas o uterino. Insomnio y cefaleas continuas. Desmayos regulares de niños y niñas. Niveles de enfermedades cardiovasculares fuera de toda regla. Seres queridos que supuran materia verde. Huertos que nunca más florecieron y suelos muertos donde la vida campesina ya no tiene futuro.
Una bahía sin vida donde la pesca artesanal, antes un pilar comunitario, se extinguió. Saturación atmosférica de material particulado y varios metaloides tóxicos. Agua con exceso de arsénico. La arena de la playa con exceso de arsénico. Los techos de las casa saturados de arsénico sedimentado. Y todo esto ocurriendo desde hace cinco décadas.

Creo que no nos podemos imaginar lo que significa vivir en Los Maitenes, Pucalán, Los Maquis, La Greda, Ventanas o Quintero, localidades de la zona Puchuncaví-Quintero afectada por el Complejo Industrial Ventanas. Podemos entender la configuración técnica del problema, pero escasamente lo que significa experimentar “vidas tóxicas”, como los propios vecinos y vecinas de la zona definen sus existencias.

Lo “tóxico” remite a la violencia química a la que están sujetas sus vidas, pero también al abandono completo, sistemático e integral que han sufrido de parte del Estado. Se sienten indeseables, ciudadanos y ciudadanas de segunda, hombres, mujeres niños y niñas que no merecen el cuidado de unas autoridades que por mandato constitucional deberían velar ya no por su calidad de vida sino que por su vida a secas. Sus vidas son tóxicas porque han quedado al margen del desarrollo, fuera del radar político, invisibles para el sistema de salud. Sus enfermedades, muertes y vulnerabilidades valen menos que lo que producen unas  industrias cuya riqueza nunca han quedado en el territorio.

El desastres es químico y político

Y este es, a mi juicio, el desafío de las medidas que acaba de anunciar el presidente Piñera. Éstas deben celebrarse. Llegan tarde, tardísimo, pero al menos llegan. La clave para su éxito, sin embargo, está en la capacidad que tengan sus diseñadores y diseñadoras precisamente para entender que la toxicidad de la zona no es solo un problema químico. Lo que tiene que sanarse son suelos, aguas y aires, pero sobre todo la extenuación vital y ética de una comunidad sometida a cincuenta años de abandono premeditado. El desastres es químico y político en partes iguales, un daño que es al mismo tiempo ambiental y moral. Eso es lo que deben comprender desde el Gobierno.

En el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN,  hemos investigado las características políticas, éticas y cotidianas de los desastres lentos, y trabajamos junto a la comunidad de Puchuncaví para entender qué ha significado para sus vecinos y vecinas vivir “vidas tóxicas”. En base a este trabajo podemos hacer tres sugerencias.

Lo primero, sentarse y escuchar a la comunidad, y todo el tiempo que sea necesario. Sin agendas ni temas; sin más objetivos que por primera vez atenderlos, escuchar de ellos y ellas cuáles son sus problemas, cómo los han vivido y cómo se imaginan su futuro. A cada organización, a cada barrio, a cada familia. De esas conversaciones surgirán diagnósticos y propuestas, aparecerán temores y preocupaciones que deben ser tomados en serio.

Existen metodologías para organizar y gestionar estas conversaciones, pero no será fácil. Costará tiempo y recursos generar confianzas. Habrán avances y retrocesos, pero es un acto de remediación básico si hay intención real de acabar con esta zona de sacrificio.

Conocimiento comunitario

Vinculado a lo anterior, nuestra segunda propuesta es incluir a la ciudadanía en cada medida que se tome. La comunidad no aguanta una intervención más hecha a sus espaldas, por bien motivada que sea. Los monitoreos, los diagnósticos y el diseño de medidas deben hacerse con la comunidad, lo que necesariamente implica incluirla en el proceso técnico-científico mismo.

La comunidad posee un conocimiento profundo sobre el territorio y la contaminación, que debe ser la guía de cualquier acción. La conformación de comisiones técnico-ciudadanas para la formulación de cualquier medida y la “ciencia ciudadana” como modelo para que los vecinos y vecinas se involucran en el proceso de investigación completo deben ser condiciones para toda intervención.

Tercero, se deberá hacer un esfuerzo mayúsculo por informar de manera transparente, sistemática y accesible para todos y todas. Ni más, ni menos. Son cincuenta años de medias verdades, promesas incumplidas e inentendibles datos epidemiológicos y toxicológicos que se han cocinado para justificar el status quo. Tener un sitio web donde se visualicen los monitoreos en tiempo real que sea confiable, que esté gestionado por una entidad independiente y que muestre (y explique) los datos de manera sencilla es crucial. Este sitio también debería informar de manera clara dónde hacer denuncias, a quién acudir en caso de intoxicación y qué hacer en caso de ésta, además de un repositorio de toda la información técnica (reportes, documentos legales, informes) que se tenga sobre la crisis socioambiental.

Estas medidas no reemplazan las acciones urgentes y mínimas que el Estado debe realizar, léase detener crecimiento de parque industrial, cierre inmediato de termoeléctricas a carbón y de fundición CODELCO, restablecer norma para arsénico y homologación normativa con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, entre otras.

Pero son fundamentales para empezar un proceso de restauración social y moral con la comunidad, y para acabar de una vez y para siempre con las “vidas tóxicas” que le tocan vivir a tantos hombres y mujeres a lo largo de Chile.

Columna Publicada en El Mostrador, revise aquí