Los cambios que experimenta la zona costera a lo largo de todo el territorio chileno, –acelerados además por el cambio climático–, están siendo percibidos cada vez más por las mismas comunidades costeras. De acuerdo a nuestros estudios en el centro científico Fondap Cigiden y otras universidades, desde 2015 a la fecha se aceleró ese proceso erosivo en las playas del litoral de Chile central, en particular, pero se ve ese aumento en playas desde la Región de Coquimbo a la Región de Biobío.
El impacto del oleaje extremo y las marejadas, que son cada vez más frecuentes y más intensas, sumado al uso no sustentable de la costas, incluyendo extracción de áridos, la construcción de viviendas y servicios turísticos, más la intervenciones sostenidas que se han realizado en humedales y cuencas de ríos costeros, están entre las razones de esta erosión.
Por otro lado, la costa no ha sido objeto de investigación sistematizada en décadas, y no existen programas de formación de postgrado en gestión integrada de áreas costeras en Chile. Los profesionales que deben tomar decisiones en instituciones públicas o privadas, por lo tanto, cuentan con escasas capacidades técnico-científicas y deben especializarse en el extranjero.
Si bien existe conocimiento científico e investigación de la costa de alto nivel, este no se ha vinculado a la toma de decisiones para favorecer su conservación o su gestión en los territorios. Actualmente los instrumentos de planificación territorial no consideran la zona costera como objeto de gestión en especial a nivel local. Si bien está plasmada la visión del desarrollo sostenible en las estrategias regionales, en la práctica no existen criterios y mecanismos para abordarla en los instrumentos de planificación, por lo tanto, muchos ambientes costeros quedan sin formas de protección debido a que ello dependerá de la voluntad del gestor.
Esto último deriva de la dificultad de aplicar el concepto de “borde costero” en la planificación territorial. Debido al uso del concepto de borde costero, restringido en su extensión, resulta un espacio de difícil gestión dado que la mayor proporción de la costa queda exenta de ella. En especial aquellos ecosistemas costeros, considerados únicos para la preservación de la costa y la mitigación de amenazas naturales como tsunamis, es decir, como humedales costeros y campos dunares.
Para revertir esta situación, un grupo de investigadores de diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, crearon el Observatorio de la Costa. Esta plataforma tiene la misión de generar investigación científica y aplicada sobre procesos evolutivos de la costa, de ocupación y uso en la zona costera, que contribuyan a robustecer la agenda pública y toma de decisiones respecto a gobernanza, políticas públicas, planificación territorial y gestión integrada de áreas costeras. Existe además, in macro propósito de contribuir a la sustentabilidad de la costa en un contexto de cambio climático.
El Observatorio de la Costa, además, busca especialmente ser el enlace entre las necesidades territoriales levantadas desde las organizaciones ciudadanas, los recursos académicos de los centros de investigación y los organismos públicos, relacionados al impacto del ser humano en las zonas costeras. Estos actores se relacionan ante la urgente necesidad de información que permitan promover la justicia ambiental, el uso racional de los recursos naturales, la conservación y protección de ambientes frágiles (playas, humedales y dunas), el desarrollo de elementos de resiliencia social y urbana respecto a las amenazas naturales y eventos extremos, la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades profesionales que posibiliten la planificación para la resiliencia de la costa.
Chile necesita una Ley de Costas, que permita, entre otras cosas revisar el concepto de borde y llevarlo al de “zona costera”, que es un concepto científico y operativo a la vez. La Política Nacional de Uso del Borde Costero respondió a una necesidad mundial y a una voluntad política de cambio a la par con muchos países de Sudamérica, como respuesta a la Cumbre de Río de 1992, pero hoy debe ser revisada y actualizada para enfrentar las implicaciones del cambio climático, cuyos efectos se encuentran en pleno desarrollo.
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