Cuando hablamos de zona costera, hablamos de una invaluable riqueza y de un espacio reducido que comprende solo el 20% de la superficie terrestre, que está siendo amenazada por fenómenos naturales recurrentes como las marejadas, pero también por la falta de regulación de las actividades humanas que intervienen en los ecosistemas costeros e impidiendo su recuperación natural. Por ejemplo, la excesiva presencia de proyectos inmobiliarios, construidos incluso sobre ecosistemas únicos como humedales, campos dunares y playas.
Esta intervención afecta la dinámica sedimentaria que hace posible la recuperación de las superficies arenosas, resultando en una degradación que podría impedir la existencia misma de muchas playas en el país. Actualmente nuestras investigaciones muestran que la erosión se duplica cada dos años en la mayor parte de las playas de Chile.
Esta evidencia científica para la política pública -liderada por el Observatorio de la Costa, en conjunto con importantes centros de investigación dedicados a analizar la situación de las costas chilenas amenazadas por el cambio climático-, nos muestra que más del 80% de las playas entre Arica y Chiloé están en franco retroceso.
La costa de Chile, por lo tanto, se encuentra en una condición muy crítica, lo que además nos despoja de la protección natural ante desastres provocados por terremotos y tsunamis, quedando la población costera mucho más expuesta. Este escenario de nuestro litoral hace urgente contar con una nueva gobernanza costera y una normativa que amplíe la protección de nuestra costa.
Uno de los principales impedimentos para avanzar hacia políticas que permitan mitigar estos impactos es que nuestra regulación se basa en la llamada “Política Nacional de Uso del Borde Costero”, un reglamento de más de tres décadas y que resulta insuficiente para responder a cualquier desafío de adaptación. Pero esta semana un grupo transversal de senadores ingresó una moción parlamentaria, que desde la comunidad científica esperamos sea el punto de partida para comenzar una necesaria discusión sobre una “Ley de Costas para Chile”.
Se trata de una normativa que busca asimilar la evidencia científica que se ha generado por la academia y la ciudadanía movilizada, y proponer una regulación costera que esté acorde a los nuevos desafíos climáticos. De esta manera, podremos mantener la incalculable belleza de nuestras costas, los servicios ecosistémicos que nos proveen y la biodiversidad única que allí habita.
Necesitamos debatir sobre el futuro de nuestra larga costa y las claves para su protección en nuestro país. Ya se nos agota el tiempo.
Por Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, académica de Geografía UC, investigadora CIGIDEN e Instituto Milenio SECOS; y Alfonso De Urresti, senador de la República de Chile.
