La costa chilena hoy es un enorme desafío tanto para los gobiernos locales como a nivel nacional. Hablamos de desafíos de gestión y de uso sustentable, pero también de protección urgente a los ecosistemas costeros. La fuerte antropización, los daños provocados por eventos extremos y desastres socionaturales, y especialmente los efectos del modelo económico neoliberal que ha imperado en las últimas décadas en el uso de la costa, hacen evidente contar con un cuerpo legal adecuado a las necesidades de siglo XXI. En especial para enfrentar los procesos adaptativos al cambio climático así como para la construcción de resiliencia social y urbana. Existe evidencia científica robusta que plantea que nuestra costa esta hoy peligrosamente degradada y se requiere con urgencia su protección.
La zona costera es un espacio dinámico, variable y sistémico, por lo que lejos de constituir un «borde», abarca un territorio complejo de anchura variable, ya que responde a procesos que ocurren en ecosistemas terrestres y marinos, con diferencias en todo el territorio nacional. El litoral, revestido de un carácter inherentemente público, constituye uno de los pocos espacios democráticos disponibles en Chile, por lo que en él debiesen desarrollarse amplios espacios de participación de los distintos actores que en ella confluyen o intervienen. Los espacios costeros, por lo tanto, no deberían estar sujetos al modelo privatista que fomenta el desarrollo económico sin equidad social y la degradación de sus recursos naturales y culturales.
El Proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín N° 8.467-12) impulsado por el Ejecutivo, al fomentar únicamente el uso productivo del litoral a través de concesiones marítimas, no favorece el desarrollo sostenible de la zona costera, la protección de los servicios ecosistémicos, el resguardo de la vida humana ante desastres de origen natural, ni contribuye a generar procesos adaptativos al cambio climático asegurando la Sostenibilidad del Bienestar Humano.
Esta iniciativa legal es contradictoria pues, si bien a ella subyace el reconocimiento de la costa como espacio público, en la práctica, promueve una disminución de las potestades regulatorias y de control del Estado sobre la misma, en una clara tendencia hacia la privatización de la zona costera. En este sentido, de prosperar el proyecto de ley en los términos actuales, acentuará la carrera especulativa e insustentable por el uso de los espacios costeros.
Por esta razón, resulta urgente avanzar en la promulgación de una Ley de Costas que reemplace la noción restringida de borde costero y se estructure sobre la base del concepto de zona costera, incluyéndola como objeto de gestión. Esta perspectiva científica –expuesta en el documento ¿Por qué Chile necesita una Ley de Costas?, desarrollado por investigadores de CIGIDEN y abogados de Terram–, involucra grandes ventajas para articular efectivamente los instrumentos de planificación territorial, propendiendo hacia una gobernanza basada en procesos verdaderamente participativos y democráticos, que promuevan la equidad y la justicia ambiental en todo el territorio.
Chile necesita la protección de la costa no solo por su valor ecosistémico, también por su rol mitigador de evento extremos costeros como tsunamis y marejadas, que aumentarán en intensidad y frecuencia con el cambio climático. Sin esos ecosistemas, Chile construye riesgo de desastre.
Columna publicada en Diario La Tercera de la investigadora CIGIDEN y académica de Geografía UC, Carolina Martínez, revisa la publicación aquí.
