Katherine Campos Knothe, investigadora CIGIDEN y candidata a doctora en Sociología UC.
Los incendios pueden ser eventos de pequeña escala -como es el caso de un incendio domiciliario- o pueden convertirse en un de gran escala, o más bien un desastre, tal como lo acontecido hace un par de semanas en los cerros de Viña del Mar, con más de 280 viviendas afectadas, aproximadamente.
Un desastre, propiamente tal, ocurre cuando la activación de una amenaza natural o generada por el hombre, se conjuga con una situación de vulnerabilidad, desencadenando un evento que afecta la vida de las personas. Esto significa que no sólo afecta la vida en sí misma de un ser humano, sino que también a su sistema de vida, su hábitat y su entorno. En este sentido, tanto desde mi experiencia de investigación, como al posicionarnos desde la perspectiva de las y los afectados, se torna irrelevante discutir si el evento es de pequeña o gran escala, pues la afectación que produce en sus vidas es igualmente devastadora.
Dado lo anterior, es necesario poner a las personas en el centro de toda acción de las fases del ciclo del riesgo de desastres tipificadas en la Ley 21.364: en la fase de respuesta, de recuperación, de rehabilitación y reconstrucción, y por sobre todo, en la fase de mitigación y preparación. El problema no es sólo lo que se daña, si no el rol que cumple en la vida de las personas, aquello que resulta dañado producto de un desastre.
Hoy es necesario, más que nunca, poner en acción lo que posibilita la Ley 21.364 que crea el Nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y crea el SENAPRED que entrará a reemplazar a lo que hoy conocemos como ONEMI. Dentro de las estructuras de coordinación que allí se definen, el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres es esencial para poner en el centro a las personas en la definición y discusión de medidas de prevención. A diferencia de lo que ocurre hoy, bajo esta nueva institucionalidad los comités que forman parte de los distintos niveles político-administrativos, también deben trabajar en la dimensión de la mitigación y la prevención, y no sólo activarse cuándo ocurre una emergencia. Para el caso específico de la prevención de incendios este rol es crucial.
Asimismo, los elementos que pueden propiciar un incendio y su propagación, se vinculan con condiciones del entorno, pero también con las condiciones de la vivienda y elementos de habitabilidad. De hecho, en el caso de los incendios forestales, resulta clave conocer cómo viven las personas que habitan zonas de interfaz (entre la ciudad y el campo) y cuáles son los elementos que pueden colaborar a intensificar o propagar la activación de un incendio forestal, como elementos de materialidad de las viviendas, conexiones a servicios básicos y elementos del entorno como la accesibilidad y la acumulación de basura en quebradas.
Las personas que viven en esos territorios saben más que nadie cuáles y dónde están esos factores sobre los cuáles se pueden generar medidas preventivas, pero el problema a resolver es cómo canalizar este conocimiento local hacia la institucionalidad que pueda disponer de medidas de prevención y mitigación. Un espacio que debería estar operando para lograr captar este conocimiento y actuar a tiempo, son los comités comunales que mencionaba antes, ya que estos comités tienen la posibilidad de invitar a actores relevantes, como representantes de organizaciones sociales y trabajar junto a ellos en medidas que eviten que un desastre afecte a sus comunidades. Si bien debemos trabajar en lo inmediato, también es urgente pensar cómo evitar que este tipo de fenómenos destructivos se repita, ya que los desastres sí se pueden prevenir.
