Para quienes conformamos centros de investigación dedicados a comprender el desarrollo urbano, la reducción del riesgo de desastres, la cohesión social y las relaciones interculturales, estos últimos días nos fuerzan a repensar nuestro rol con humildad. La violencia vandálica y los excesos policiales, así como la masividad de este estallido nos enrostran que la nociva desigualdad que se instaló en nuestra sociedad, excede lo que nuestros documentos científicos previeron. Es más, desafía el modo en que hemos pensado nuestra labor científica, muchas veces más preocupada del diagnóstico y la producción de evidencia, que de enfrentar y denunciar sin tapujos las injusticias sociales, territoriales, económicas y políticas enquistadas durante décadas.
La raíz más profunda de estos hechos es la impresentable desigualdad que hemos naturalizado, a pesar de un discurso transversal por disminuirla. La histórica manifestación realizada el viernes 25 es una contundente demostración de que esta desigualdad es ya intolerable. Más allá de las métricas de crecimiento, para millones de chilenos y chilenas, satisfacer mínimamente necesidades humanas fundamentales se ha vuelto un desafío diario.
Tal vez no lo hayamos visto o no lo hayamos querido ver. Tal vez cuando lo vimos y lo denunciamos no logramos el impacto que esperábamos. Pero ahí está: para millones de compatriotas la vida discurre en entornos urbanos precarios, con fuertes inequidades ante la ley y sufriendo estigmatizaciones étnicas, raciales e intensas desigualdades socio-ambientales. Un Chile que las elites hemos ignorado y que hoy se alza, incluso volcándose contra infraestructuras y servicios con costos evidentes para todos.
Parte de esta incoherencia se debe a la lógica subsidiaria y la desconfianza en la capacidad del Estado para planificar el territorio con criterios de igualdad y crear instrumentos solidarios de desarrollo social. Este desafío es aún más urgente ante la emergencia climática global. La construcción de una sociedad justa sólo se logrará cuidando la riqueza cultural y ambiental de los sistemas socio-ecológicos, eliminando las zonas de sacrificio y consagrando del acceso al agua como un derecho humano intransable. La próxima elección de gobernadores es una oportunidad extraordinaria para corregir esta gran deuda con nuestros territorios y sus habitantes.
Esta crisis exige un nuevo contrato social que ofrezca garantías de que el Estado concentrará sus recursos no sólo en equiparar la cancha, sino también en reparar décadas de desigualdad profunda y consolidar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Será un proceso lento—pero urgente—en el que necesitaremos repensar cómo planificamos y gobernamos nuestros territorios, y cómo las elites políticas e intelectuales no sólo se involucran y dialogan con la ciudadanía, sino también cómo generan caminos para integrar la diversidad chilena e inmigrante, abriendo espacios permeables para la diversidad de condiciones, historias, etnias, razas, creencias y géneros.
La segregación social en nuestras urbes y la disparidad regional en Chile son insostenibles, así como el daño socio-ecológico generado por la expansión descuidada de la industria extractiva e inmobiliaria, que ha expuesto principalmente a la población más vulnerable a fuentes de contaminación y amenazas socio-naturales.
Es fundamental establecer nuevos y robustos mecanismos democráticos. Las comunidades y territorios no pueden seguir al margen de la toma de decisiones sobre sus entornos directos y proyectos de vida. Un nuevo contrato social requiere pasar de la “participación ciudadana” como un mantra formal, a un modo real, definido constitucionalmente, de planificación colaborativa y deliberación pública, inclusiva y local. También es fundamental hacer gestos concretos de reconocimiento a pueblos originarios que habitan el territorio, y que han sido política, legal y culturalmente violentados por siglos.
En este nuevo contrato social, las investigadoras e investigadores estamos llamados a jugar un rol como actores sociales activos, participando en diálogos transversales y comprometidos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a conducir adecuadamente la transformación que requiere el país. Desde ya los centros que suscribimos nos ponemos a total disposición de toda la sociedad para ser uno más de los participantes de este proceso.
(Más la adhesión de más 150 investigadores e investigadoras pertenecientes a las cuatro instituciones científicas)
